Artículo publicado en ElGlobalLa Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se ha subido al carro de la autorregulación y ha elaborado un documento en el que apunta, tanto a sus asociados como al resto de facultativos, las directrices sobre cómo debe ser la relación ética con la industria. El documento "La relación entre el médico y las industrias farmacéutica y de productos de tecnología sanitaria. Visión ética" se presentó la semana pasada.
Para que todo el sistema sanitario salga beneficiado es necesario que las relaciones entre los facultativos y la industria sean totalmente claras y trasparentes. Ésa es la idea que los representantes de la SEGO dejaron sobre la mesa durante la presentación del documento "La relación entre el médico y la industria farmacéutica y de productos de tecnología sanitaria. Visión ética".
"La relación con la industria existe y ha de perdurar, pero dentro de unos límites", apuntó el vicepresidente de la Comisión de Bioética de la SEG O y ponente del documento, Luis Cabero.
La SEGO aplaudió la autorregulación lanzada por Farmaindustria y las empresas de tecnologías sanitarias (Fenin). "Han hecho un esfuerzo muy importante y han dado un gran paso hacia delante con la puesta en marcha de sus Códigos de Buenas Prácticas; y los médicos deben hacer lo mismo", señaló su presidente, José Manuel Bajo. Con este objetivo, el Comité de Bioética de la SEGO realizó una revisión del papel de la industria como fuente de investigación e información; así como de su aportación a la formación continuada.
En el documento se reconoce que existe una relación estrecha entre los médicos y las industria farmacéutica y de productos sanitarios. Esta relación se basa, fundamentalmente, en el trasvase de información sobre medicamentos y material sanitario.
Sin embargo, los intereses que mueven a unos y otros son bien distintos. De ahí que, a veces —según se apunta en el documento— la información científica ofrecida por la industria puede ser "interesada, incompleta o sesgada". Además, "la formación médica continuada que ofrecen las industrias no siempre se ajusta a las necesidades reales de los profesionales y, en ocasiones, es tendenciosa y puede caer en el dirigismo", concluye el documento.
En este sentido, Bajo reconoció que ha habido excesos por ambas partes. "La industria quiere vender su producto, a veces sin cumplir todas las normas; y el médico, a veces, se presta a recibir información sin filtrar y se encuentra con un escenario que no es adecuado", explicó Cabero. Es decir, "la industria se ha convertido en vehículo eficaz, pero no desprovisto de vicios", sentenció Bajo.
De ahí la necesidad de regular esta relación y de fijar unos límites. Más aún cuando, según apuntó el presidente de la Comisión de Bioética de la SEGO, José Zamarriego, "la industria farmacéutica y en menor proporción la de productos de tecnología sanitaria se han transformado en los proveedores más significativos de la formación médica continuada. Hasta ahora, ha sido la industria la que ha sufragado los costos que comporta esta formación", afirmó.
A este respecto, el documento denuncia que la Administración sanitaria haga "notoria dejación" de sus funciones y responsabilidades en esta materia, a la que debería favorecer e incentivar. "La formación médica continuada no está adecuadamente establecida ni desarrollada en España y aparece excesivamente ligada a la industria", se apunta.
Para Bajo, si el dinero para sufragar los costos de esta formación llegase de la Administración, esta regulación no sería necesaria. Zamarriego apuntó que la Administración nunca se hará cargo de estos costes "porque ya da por sentado que otros lo van a pagar".
Como medidas reguladoras a este respecto, Zamarriego apuntó que los contenidos de las reuniones sean diseñados por las sociedades científicas. "El apoyo de la industria es indudable, pero somos las sociedades científicas quienes debemos tutelar la formación, haciendo que forme parte de un programa estructurado".
Asimismo, este experto apuntó "la necesidad de que las sociedades científicas actúen conjuntamente con otras organizaciones como son los colegios médicos o las facultades". La formación "es una garantía del cumplimiento de los derechos de los pacientes".
Por otra parte, y en relación a la industria como fuente investigadora, el documento resalta los importantes recursos que ésta destina a la investigación y desarrollo de nuevas moléculas. Al mismo tiempo, apunta que la industria farmacéutica y la de productos sanitarios son "entidades comerciales que, legítimamente, mediante la producción de un bien intentan conseguir unos beneficios financieros. Por este motivo, no es raro que, en ciertas ocasiones, la presión financiera mediatice la propia investigación en sí".
En este punto, señala que existe poca cultura de evaluación de los resultados de las investigaciones a través de las agencias de evaluación y afirma que la transparencia es un bien a conseguir desde distintos puntos de origen. "Se debe hacer una llamada de atención colectiva a los comités de ensayos, grupos investigadores, promotores, agencias de evaluación, canales de comunicación… para que los preceptos de la transparencia se cumplan", señala el documento.